OPINIÓN | Sin las alianzas adecuadas, la nueva legislación de la Unión Europea está condenada al fracaso

OPINIÓN | Sin las alianzas adecuadas, la nueva legislación de la Unión Europea está condenada al fracaso

Date
February 16, 2021
Source
Solidaridad Europa
Bajo la normativa sobre "Minerales en Conflicto", los gobiernos, la sociedad civil y las empresas locales e internacionales pueden crear, a través de alianzas, condiciones idóneas para garantizar una cadena de suministro sostenible y responsable
OPINIÓN | Sin las alianzas adecuadas, la nueva legislación de la Unión Europea está condenada al fracaso

Por Boukje Theeuwes

A pesar de los importantes avances en la creación de nuevos marcos obligatorios para abordar problemas éticos y de sostenibilidad en las cadenas de suministro que ingresan en Europa, la ambiciosa legislación de la UE tendrá poco impacto si no está respaldada por alianzas sólidas y duraderas con los países productores.

A lo largo del próximo año, esperamos que la Comisión Von Der Leyen, que cuenta con el respaldo de los principales grupos del Parlamento Europeo, logre avances en las políticas europeas de sostenibilidad y comercio ético. Estos avances, que incluyen el apoyo a la reciente aplicación del Reglamento sobre Minerales de Conflicto, deberían formar parte de un marco normativo global que incluya la combinación inteligente de medidas necesarias para hacer frente a las violaciones de derechos humanos y problemas medioambientales en las cadenas de suministro internacionales.

Sin embargo, si bien el impulso legislativo abrirá el camino a la regulación en Europa, no debemos ignorar lo que sucede al otro lado de la cadena de suministro: los países productores a los que afectará esta legislación, y cuyo compromiso será clave para garantizar que la legislación, bien intencionada, conduzca a mejoras para millones de mineros a pequeña escala, pequeños agricultores y trabajadores vulnerables en países en desarrollo. Así que, aunque es tentador centrarse en los grandes acuerdos comerciales y en las acciones unilaterales de las principales ramas de la UE, para que esta legislación rinda frutos, no debemos perder de vista el importante trabajo que debe realizar Koen Doens, Director General de AlianzasInternacionales, y el que debe realizar la Dirección General de Comercio.

Alianzas, no imposiciones

No se trata de una mera aspiración o de un discurso de conciencia social; lo cierto es que, para que la legislación sea eficaz, debe contar con el apoyo de alianzas entre los países productores y la UE. Sin este apoyo, que debería incluir programas de capacitación, incentivos financieros y sensibilización regional sobre las nuevas medidas, la legislación no sólo será ineficaz y no alcanzará su objetivo, sino que podría tener consecuencias negativas para los productores y paisajes ya vulnerables.

La entrada en vigor este año de la Normativa sobre Minerales de Conflicto ofrece un ejemplo oportuno. Este reglamento tiene como principal objetivo frenar el comercio de estaño, tantalio, tungsteno y oro, cuando éste se utiliza para apoyar conflictos armados o es producto del trabajo forzado. Las empresas que importan minerales a la UE estarán obligadas a inspeccionar sus cadenas de suministro e identificar, prevenir y mitigar los posibles impactos adversos. Se trata de una buena legislación que tiene el potencial real de ayudar a combatir los abusos en los mercados ilegales. Sin embargo, dado su alcance, el nivel de participación de los países productores y las complejas realidades socioeconómicas de los mismos, cabe decir que su éxito dependerá de las relaciones que se desarrollen con los países productores. Así pues, no se trata de una bala de plata.

Tomemos como ejemplo el caso de Madre de Dios, en Perú, una región de increíble biodiversidad y belleza. Allí se practica en gran medida minería de oro ilegal y está asolada por la devastación medioambiental, la extorsión, la explotación y la impunidad en general. Este tipo de regiones deberían beneficiarse de la normativa sobre Minerales de Conflicto, pero la reacción del gobierno peruano es clave. Si el gobierno opta por abordar el sistema ilegal a través de una dura represión de la aplicación de la ley en la región, criminalizando a los
mineros informales, es probable que esto no logre sofocar el sistema ilegal. De hecho, podría hundirlo aún más en la oscuridad, arriesgándose a un mayor desastre medioambiental y empeorando una situación ya sombría para los mineros locales y las comunidades implicadas.

Las empresas también podrían evitar abastecerse en estas zonas de alto riesgo, dejando a los mineros sin otra opción que recurrir a los mercados ilegales y a comercializadores locales explotadores para vender su oro. Al fin y al cabo, la normativa contempla la desvinculación de los proveedores como último recurso. Sin embargo, este último recurso es mucho más probable si no se adoptan medidas complementarias para abordar los problemas estructurales subyacentes que están fuera del alcance de la intervención empresarial.

Por otro lado, si el gobierno peruano se involucra en todo el proceso, si se le apoya para traducir y hacer relevantes las medidas para los mineros de la región y se le apoya financieramente para ayudar a la transición de los trabajadores mineros de Madre de Dios a un sistema regulado, y si se anima a las empresas a invertir en buenos proyectos en lugar de abandonar los malos, entonces la regulación puede llegar a ser realmente impactante. Este enfoque, en el que participan la sociedad civil, el gobierno y las empresas locales e internacionales, constituye la combinación idónea que se necesita para garantizar una cadena de suministro verdaderamente sostenible y responsable.

Esta problemática no se limita a la pequeña minería, ni siquiera al sector extractivo en general. Las alianzas serán necesarias allí donde se quieran ver cambios en las cadenas de suministro.Tomemos el caso de la industria de la palma como otro ejemplo actual. En Indonesia y otros lugares, los pequeños agricultores producen aproximadamente el 40% del aceite de palma del mundo. En la actualidad, los pequeños agricultores tienen dificultades para cumplir los criterios de certificación y, sin apoyo para conseguirla, las empresas que se enfrentan a posibles dificultades legales debido a una normativa europea, simplemente cortan los lazos
con los pequeños agricultores. La pérdida de acceso a los mercados europeos, sin embargo, no los dejará fuera del negocio, pero tampoco protegerá los bosques tropicales que los rodean.

Los pequeños productores seguirán vendiendo aceite de palma con menores márgenes y con menos incentivos para operar de forma sostenible, a mercados menos regulados como el asiático.

Dar vida a una nueva legislación, en plena colaboración

Estos ejemplos no son únicos. Existen en casi todas las cadenas de valor que abastecen a Europa, y son un claro testimonio de los retos a los que se enfrenta la Comisión para lograr sus ambiciosos objetivos de sostenibilidad. La clave para garantizar el éxito de cualquier legislación sobre cadenas de suministro sostenibles e inclusivas es establecer alianzas con los países productores. Si se les involucra desde el principio, haciéndoles partícipes de las discusiones, obteniendo una valiosa visión y retroalimentación, se puede lograr un mayor impacto. Este enfoque, seguido de las iniciativas conjuntas y el apoyo adecuados, abrirá el camino a cadenas de valor verdaderamente sostenibles e inclusivas y, al fomentar un clima de confianza,
garantizará una cooperación más estrecha en el futuro.

Solidaridad tiene una larga experiencia en el fomento de este tipo de asociaciones. En esto no estamos solos, como deja claro este reciente vídeo realizado con Intel, la Asociación Europea para los Minerales Responsables (EPRM) y RBA. Para alcanzar nuestros objetivos necesitamos una combinación inteligente de legislación, alianzas, medidas voluntarias y demás. La legislación por sí sola no será suficiente.

Más información en: www.solidaridadnetwork.org